Fortalecer la resiliencia climática desde lo local: redes municipales como estrategia para Colombia

Por: SCI

Colombia se ve cada vez más presionada por los impactos del cambio climático, desde inundaciones que afectan tanto áreas urbanas como rurales, hasta prolongadas sequías que amenazan la seguridad hídrica y alimentaria de la población local. Estos efectos no solo son cada vez más frecuentes, sino también más intensos y desiguales, al impactar con mayor fuerza aquellos lugares menos preparados para hacer frente a dichas eventualidades.
En Noruega se ha registrado que, después de varios años de aplicar y evaluar redes municipales de adaptación como la Red IFront, formada en 2015 por 13 ciudades, se concluyó que los gobiernos locales juegan un papel crucial ante el cambio climático. Esta realidad también se presenta en Colombia, donde los municipios están en la primera línea de respuesta; no obstante, muchos de ellos se ven limitados por la escasez de recursos técnicos y apoyo institucional, lo que dificulta la efectividad de sus acciones.
Ante esta situación, se hace necesario fortalecer tácticas de adaptación al cambio climático en el corto plazo, que involucren diversos actores y generen soluciones sostenibles en el tiempo. Una de estas acciones es establecer redes municipales para actuar con rapidez y coherencia; esta estrategia ha demostrado ser efectiva en países como Noruega y en programas regionales de la Unión Europea.

Redes de adaptación: colaboración para actuar con más fuerza
Las redes locales de adaptación son espacios colaborativos en los que los gobiernos municipales trabajan junto a instituciones técnicas y universidades para compartir conocimientos y establecer soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Estas redes pueden presentarse en diferentes formas, dependiendo del contexto regional o nacional; sin embargo, su verdadera fortaleza radica en su capacidad para superar barreras entre los distintos actores y fomentar la confianza mutua.
En Noruega se ha demostrado que este tipo de redes no solo fortalecen la planificación urbana sostenible, sino que también ayudan a los municipios a considerar el riesgo climático en decisiones significativas, como contratar seguros, diseñar infraestructura y elaborar planes de ordenamiento territorial. Como caso de referencia, se puede destacar la red de adaptación de Trøndelag que está compuesta por 36 municipios en colaboración con entidades gubernamentales y actores del sector privado. Ha recibido reconocimiento por su habilidad para ejecutar acciones específicas de adaptación mediante una colaboración interinstitucional extensa.
En Colombia se han puesto en marcha proyectos que siguen esta línea de actuación. La Red Colombiana de Municipios ante el Cambio Climático (RCMCC), una plataforma nacional que coordina municipios y entidades territoriales para fortalecer su acción frente al cambio climático, impulsa la creación de iniciativas sostenibles, la elaboración de planes locales y la integración de criterios medioambientales en la planificación territorial. Además, varios municipios forman parte del Pacto Global de alcaldes por el Clima y la Energía. Se han desarrollado también planes locales de adaptación en lugares como Guarne (Antioquia). Aunque estos proyectos han logrado avances significativos, no hay una coordinación sistemática entre las partes, tanto a nivel nacional como regional, lo que impide maximizar su impacto.

Aseguramiento climático y redes de resiliencia: lecciones desde Europa

El proyecto SOTERIA, financiado por la Unión Europea, ha impulsado desde 2023 una serie de Diálogos de Resiliencia Climática enfocados en la colaboración entre el sector público y el privado en los sistemas de seguros. Experiencias como las de Baviera (Alemania) y el programa KLARA en Baja Sajonia demuestran que es factible diseñar modelos accesibles, subvencionados y centrados en la reducción de riesgos para proteger sectores vulnerables como los pequeños agricultores y la infraestructura local.
Estos sistemas se sustentan en tres aspectos fundamentales: la gestión de las pérdidas económicas y financieras derivadas de situaciones adversas; la anticipación y reducción de riesgos potenciales; y la adopción de decisiones basadas en evidencia. Además, incorporan herramientas digitales avanzadas que facilitan la toma de decisiones y brindan asistencia técnica especializada. También promueven una gobernanza inclusiva, que permite la participación activa de distintos actores en decisiones estratégicas. Hasta el momento, este proyecto ha movilizado casi 3 millones de euros para diseñar e implementar acciones concretas de adaptación climática.

Panorama actual de la institucionalidad y programas para la resiliencia climática

Colombia cuenta con la Política Nacional de Cambio Climático desde 2021, a partir de la cual se establecen las estrategias de mitigación y adaptación, coordinadas desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En este marco intervienen cuatro organismos nacionales técnicos:
Departamento Nacional de Planeación: lidera el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y moviliza inversiones por proyectos. Entre 2022 y 2025 han ejecutado alrededor de 180 mil millones de pesos bajo el CONPES 4088.
IDEAM: proveedor de datos técnico-científicos y pronósticos climáticos.
Instituto Humboldt: genera conocimiento sobre biodiversidad y ecosistemas para soluciones basadas en la naturaleza.
UNGRD: desarrolla estrategias asociadas al riesgo climático y la reducción de la vulnerabilidad.
En el siguiente nivel, Colombia cuenta con planes y estrategias de largo plazo. La gran sombrilla para la acción se encuentra en el PNACC, publicado en 2012, que se enfoca en reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad de respuesta nacional y territorial, apoyando la formulación de planes sectoriales y regionales. Este plan se acompaña de cuatro estrategias: desarrollo bajo en carbono (ECDBC), financiamiento climático (ENFC), conservación y restauración de bosques (REDD+) y escuelas climáticas para la educación ambiental en 13 territorios.
Con estos avances, sigue el reto de tangibilizar los esfuerzos de política pública en proyectos reales. La ingeniería tiene un rol determinante en infraestructura, manejo hídrico, vivienda, reforestación, puentes y viaductos. Colombia cuenta con un alto nivel técnico que debe ponerse al servicio de la mitigación y adaptación al cambio climático.
Actualmente, el país carece de redes regionales sólidamente estructuradas para abordar la adaptación desde una perspectiva pública, con respaldo técnico adecuado y financiación clara.
Redes Municipales para la Resiliencia Climática
El país debe avanzar hacia la creación de redes regionales para enfrentar el cambio climático, dando continuidad a los lineamientos del PNACC y sus planes regionales y locales, lideradas por los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo y las agremiaciones técnicas. Dichas redes podrían incorporar experiencias previas como la RCMCC, pero con un enfoque más práctico y técnico, vinculado a fuentes de financiamiento públicas y privadas.
Estas redes permitirían:
• Coordinar capacitaciones técnicas para funcionarios municipales.
• Apoyar a institutos técnicos en diagnósticos de vulnerabilidad y mapas de riesgo.
• Fortalecer el uso de sistemas de alerta temprana y plataformas de monitoreo.
• Promover la participación de universidades, centros de investigación y el sector privado en la solución de problemas reales del territorio.
• Proponer y estructurar proyectos viables financiables con recursos públicos y/o privados.

Datos e ingenieros para la toma de decisiones: una apuesta técnica con impacto social

La construcción y adopción de redes de resiliencia climática requiere estudios técnicos, mediciones, sistemas de monitoreo y proyecciones futuras para la toma de decisiones e implementación de soluciones. Este conocimiento técnico demanda la integración de varias especialidades de la ingeniería en diversas áreas de estudio.
Estas redes también abren oportunidades de empleo local y fortalecen el intercambio de conocimientos para una buena planeación y gestión del territorio. Son elementos clave para los alcaldes y sus planes de desarrollo.
En particular, este enfoque podría ofrecer nuevas oportunidades para ingenieros y pequeñas y medianas empresas en regiones con menor acceso a grandes proyectos. Impulsar la resiliencia climática desde lo territorial también implica democratizar el acceso a proyectos y descentralizar su ejecución, reconociendo el potencial técnico existente más allá de las grandes urbes.
La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), como agremiación nacional técnica, cuenta con la experiencia para ser el ente catalizador de este proceso, facilitando el intercambio de conocimientos técnicos y promoviendo proyectos piloto a nivel regional mediante la articulación entre ingeniería y políticas públicas. A través de sus regionales, que agrupan a profesionales en diferentes zonas, la SCI puede impulsar la creación de redes para la adaptación al cambio climático y apoyar el desarrollo de soluciones específicas para cada región.

Construir desde lo local para transformar lo nacional

Enfrentar el cambio climático requiere respuestas colectivas, sostenidas y con raíz en lo local. Desde la SCI presentamos esta propuesta como alternativa concreta y necesaria frente a los impactos recientes que han golpeado al país. Tomar acción para fortalecer la resiliencia climática desde los municipios es viable y urgente.
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a las entidades territoriales y a los actores del sistema de gestión del riesgo a trabajar conjuntamente en la conformación de redes regionales de adaptación climática, con equipos técnicos capacitados, fuentes de financiación definidas y participación activa de las agremiaciones.
Es el momento de potenciar la función de los municipios en la agenda climática, no solo como beneficiarios de políticas públicas, sino también como creadores de soluciones innovadoras y efectivas. Colombia cuenta con el talento, los conocimientos y marcos legales necesarios para avanzar en esta dirección. Lo que sigue es construir confianza, fortalecer la voluntad institucional y desarrollar mecanismos eficientes que permitan implementar medidas reales y sostenibles en los territorios.

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