La cámara Colombiana de la infraestructura expresó su preocupación por la no radicación del proyecto de ley estatutaria de consultas previas ante el congreso para frenar las trabas que surgen a la hora de ejecutar las obras de infraestructura por parte de comunidades no certificadas del Ministerio del interior que mediante falos de tutelas, ya dea por intereses individuales, económicos, políticos o por manipulación detienen las obras mientras se realizan las consultas.
| Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, se trata de un asunto alarmante, toda vez que los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas previas desincentivan la consecución de la financiación necesaria para viabilizar las iniciativas del sector, puntualmente las del Programa de Concesiones Viales de Cuarta Generación (4G) Según Caicedo Ferrer, la ley estatutaria debe implementar un adecuado censo y registro de comunidades, un procedimiento claro y definitivo sobre las consultas, y una institucionalidad robusta que se responsabilice de las mismas. Sostuvo que la ley debe ser garantista de cara a los intereses legítimos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y que el nuevo marco normativo les conviene a ellas sobremanera. Argumentó que, en efecto, la adopción de reglas claras en esta materia evita que los derechos de las comunidades “de verdad”, sean manipulados de manera perversa por intereses politiqueros, por abogados inescrupulosos, o por las mafias de la corrupción, tal y como ha sucedido en el pasado reciente. Por último, el presidente de la CCI expresó que resulta inconveniente, dada la coyuntura fiscal por la que atraviesa el país, que el crecimiento económico -que hoy depende en buena medida del desarrollo de la infraestructura- se estrelle contra una pared, ahora por cuenta de la inseguridad jurídica que genera el hecho de no contar con una ley de consultas previas. | ||
