La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, junto con el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby; y la directora de Política y Regulación, Natalia Duarte Cáceres, presentó el Decreto 960 de 2025. El encuentro contó con la presencia del Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Arrojo Agudo; el director del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) de la Universidad Nacional de Colombia, Gregorio Mesa Cuadros; el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Augusto Choachí González, y más de 800 gestores comunitarios de todo el país.
Durante su intervención, la ministra Rivas Ardila destacó el impacto de esta nueva regulación, así como el rol que desempeñan los gestores comunitarios del agua, como parte de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida.
La expedición de este decreto se llevó a cabo en articulación con representantes de los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico agrupados en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y en la Confederación Nacional de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento de Colombia (Cocsascol), así como otros actores institucionales. A través de la formulación de esta política se reconoce el papel fundamental que representa este modelo de gestión para más de 9 millones de personas en todo el territorio nacional.
“En varias ocasiones he citado a Colombia como un ejemplo a nivel mundial, especialmente a lo que se refiere a la gestión del agua y saneamiento básico rural. Promover una gobernanza democrática del agua, entendida como bien común y no una mercancía, en esos dos frentes, ustedes son maestros y maestras”, resaltó el relator especial de la ONU.
Como parte de esta política pública, el Ministerio avanza en la implementación de la estrategia Ruta ComuniAgua, para apoyar técnica y económicamente a los Gestores Comunitarios del Agua y el Saneamiento Básico. A la fecha, 358 Gestores Comunitarios han accedido al subsidio comunitario, beneficiando a más de 116 mil familias de estratos 1 y 2, y se han fortalecido las capacidades de alrededor de 1.076 gestores en todo el país.
“Cerca de 350 gestores reciben el subsidio comunitario. Un tema fundamental tiene que ver con el decreto de la gestión comunitaria y hoy abrimos la puerta a los convenios solidarios para q desde el presupuesto de la nación podamos financiar necesidades de los gestores comunitarios, cerca de 12 millones de personas no tienen agua potable y el Estado debe mirar esas organizaciones que les lleva agua y fortalecerlas”, subrayó el viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
Para la concertación de este trabajo y la materialización de este decreto se hicieron 4 talleres regionales en Montería, Villavicencio, Riohacha, y Bogotá; también, mesas de trabajo con entidades públicas como los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN); 11 mesas con la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD) y 12 sesiones con la mesa de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico, que cuenta con representación de Cocsascol y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios.
“Este es un gran paso en la regulación del país. Nuestro compromiso es seguir cuidando los territorios, fortaleciendo la gestión y garantizando que cada gota de agua siga siendo vida. Agradecemos este espacio para dar este paso grande para la regulación en el país. Y hoy todos decimos: Se escribe con agua y se lee democracia”, sostuvo la vocera de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, María Alcira Martínez.
Los principales elementos que contiene la política son:
1. Se reconoce la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico como un modelo en el que se concibe el agua como bien común y en el que las comunidades se organizan y, mediante procesos participativos, democráticos y de autogestión, contribuyen a garantizar el derecho al agua y al saneamiento básico, así como a proteger las fuentes de las que se abastecen, y se establece el mes de septiembre, como el mes para exaltar este modelo de gestión.
Se formaliza la conformación de la Mesa de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico, en la que los gestores comunitarios dialogan con el Ministerio y otros actores, para incidir en las políticas públicas y reglamentaciones que impactan en su labor.
Se habilita un mecanismo que permite que los gestores comunitarios, mediante convenios solidarios financiados con recursos de la nación, formulen y ejecuten sus propios proyectos y acciones, que contribuyan a su sostenibilidad.
Se crea la estrategia Ministerio Ambulante, que facilitará el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico a nivel organizativo, operativo, económico, social y ambiental por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante procesos de formación, acompañamiento, asistencia técnica e intercambio de saberes en los territorios.
Se amplía el subsidio comunitario para el servicio de acueducto, permitiendo que más hogares de bajos ingresos puedan acceder al agua y aportar solidariamente a la sostenibilidad de los gestores comunitarios.
A partir de las competencias legales de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, se precisan las responsabilidades que cada uno de estos niveles tiene en el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y el saneamiento básico.
