La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, junto con el ministro del Interior, el ministro de Salud y la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, radicaron en el Congreso de la República el proyecto de Ley de Competencias que busca implementar la reforma del Sistema General de Participaciones.
“Este proyecto contribuye a la focalización territorial y al cierre de brechas y a entender el tema del agua como un derecho fundamental, como un tema de acceso a un bien común”, anotó la ministra Rivas Ardila.
La formulación de este proyecto se llevó a cabo a través de un trabajo conjunto con entidades del Gobierno nacional como los Ministerios del Interior, de Hacienda, de Educación y de Salud, los Departamentos Nacional de Planeación, de la Función Pública y el DANE, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y expertos de la Misión de Descentralización, con quienes se desarrollaron más de 150 mesas técnicas.
De igual manera, este proyecto fue socializado en diferentes lugares del país como Cali, Ibagué, Bucaramanga, La Guajira, Cartagena, entre otras ciudades, escuchando los aportes por parte de pueblos y comunidades indígenas, así como de diversos actores sociales.
Además, implica una de las reformas estructurales más importantes para el sector de agua y saneamiento básico, el fortalecimiento de la descentralización y el aumento del recurso del sistema general de participaciones.
Dentro de los objetivos de este proyecto están:
1. El cierre de brechas para lograr cobertura universal a través del reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.
2. Reconocer otras formas para garantizar el acceso al agua y el saneamiento básico.
3. Redistribuir las competencias de la nación, los departamentos y municipios.
4. Ampliar las actividades de uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua y Saneamiento Básico.
5. Priorizar en los criterios de asignación de recursos a las entidades territoriales con mayores brechas.
6. Ampliar el porcentaje de la participación del sector de agua apta para consumo humano en el Sistema General de Participaciones.
