Seguridad Jurídica y derecho a la propiedad, amenazados en la industria forestal colombiana

La Federación Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS, presentó, de la mano del expresidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado y, de manera simultánea, ha solicitado la suspensión provisional urgente de sus efectos, contra el Decreto 1191 del 12 de noviembre de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y respaldado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, mediante el cual se autoriza al Estado a vender de forma anticipada bienes que apenas se encuentran en etapas iniciales de un proceso judicial, desconociendo no solo lo definido por la Corte Constitucional, cuando el Gobierno solicitó facultades para actuar de esa manera, sino poniendo en entredicho la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el debido proceso, y desvirtuando totalmente el sentido reparador que la ley le asignó al Fondo para la Reparación de Víctimas.
Esto, y de cara al sector, expone a más de 4.000 familias al riesgo real de perder sus predios, ver desaparecer proyectos productivos de más de 100.000 hectáreas relacionados con red forestal, y décadas de trabajo construido con esfuerzo, pero, además, expone a personas vulnerables, que desde hace décadas han retornado a sus tierras para hacerlas productivas y convertirlas en espacios de convivencia comunitaria, a una revictimización.
“La economía forestal en Colombia afronta desde hace varios años un gran dilema. De un lado somos un país con una muy alta aptitud forestal, lo que permitiría dinamizar una bioeconomía maderable con inigualables ventajas competitivas frente a otros sectores económicos de naturaleza no renovable, pero no hemos sido capaces de reflejar ello en los índices que reflejan un aporte al PIB menor al 1%, la utilización de madera en la construcción en menos de un 2%, el bajo consumo per cápita que no alcanza los 0,15 m3 anuales, una balanza comercial deficitaria superior a los USD923 millones, entre otros”, afirmó Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo de FEDEMADERAS.
Por eso es necesario una seguridad jurídica real y estable, que brinde confianza a la inversión nacional y extranjera que apuesta por la reindustrialización del país, la economía rural, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible de las regiones.
Este gremio reafirma su compromiso con la reparación integral de las víctimas y la protección de las comunidades y productores que dependen del sector forestal en todo el territorio nacional. “Nuestro llamado es a que las decisiones públicas se adopten con estricto respeto por la Constitución, la ley y los derechos de quienes han trabajado durante años por sacar adelante el campo y los proyectos forestales del país”, concluye Vásquez.