Colombia enfrenta el reto de garantizar la seguridad energética en 2030 pese al avance de las renovables

Colombia enfrenta el reto de garantizar la seguridad energética hacia 2030, pese al crecimiento de su capacidad solar y eólica. El desafío, que marcará la agenda del sector minero-energético durante el periodo 2026-2030, será integrar las energías renovables con fuentes complementarias, almacenamiento e infraestructura para atender una demanda creciente y asegurar la continuidad del suministro. Este debate se abordará en el XXVI Congreso Nacional de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia, que se realizará en Bogotá los días 5 y 6 de noviembre.
Según el Ministerio de Minas y Energía, al 17 de julio de 2026 Colombia contaba con 4.626,73 MW de capacidad solar y eólica instalada, equivalentes al 19,23 % de la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN). En 2022, el país tenía cerca de 200 MW de fuentes no convencionales de energía. Sin embargo, la capacidad instalada no equivale necesariamente a energía disponible en todo momento: la generación solar disminuye al caer el sol, precisamente cuando el sistema debe responder a la demanda nocturna.
La necesidad de contar con capacidad disponible en los momentos de mayor demanda quedó en evidencia el 28 y 29 de septiembre de 2026. Según XM, durante esas jornadas el sistema estuvo cerca de requerir medidas de racionamiento debido a indisponibilidades de plantas generadoras. La gestión de recursos adicionales permitió atender la demanda y evitar que el riesgo se materializara en un racionamiento nacional. Esta situación plantea la necesidad de abordar la adición energética desde la complementariedad entre fuentes. Más allá de ampliar la participación de las renovables, el reto consiste en garantizar que el sistema cuente con suficiente energía y potencia para atender el consumo, mantener la confiabilidad del suministro y proteger la competitividad de la economía.
Para Camilo Tovar, docente de la Universidad Externado de Colombia, el país necesita una estrategia que articule las distintas fuentes de energía bajo una planeación de largo plazo. “El país necesita una adición energética ordenada, en la que las renovables lideren la expansión y el gas y el carbón cumplan un papel estratégico como combustible puente. No se trata de escoger entre unas fuentes y otras, lo ideal es combinarlas de manera responsable, con reglas claras y una planeación de largo plazo que garantice la seguridad energética de Colombia”, señala Tovar.
A este panorama se suma el potencial de los biocombustibles como herramienta para diversificar la matriz de combustibles líquidos y fortalecer la producción nacional. Los biocombustibles representan una oportunidad para fortalecer la seguridad energética y la agroindustria nacional. Según Fedebiocombustibles, Colombia registró ventas de 727 mil toneladas de biodiésel en 2025 y cuenta con una capacidad instalada de 813.572 toneladas anuales. En materia de mezclas, el país retomó el nivel B10 en enero de 2025, tras una reducción temporal a B8 durante el último trimestre de 2024. Avanzar en el aprovechamiento de esta capacidad requiere considerar tanto las condiciones de abastecimiento como el marco regulatorio aplicable.
La materialización de estas oportunidades dependerá también de las condiciones para desarrollar nuevos proyectos. La disponibilidad de redes de transmisión, los tiempos de licenciamiento, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas regulatorias serán determinantes para atraer capital y facilitar la entrada en operación de iniciativas de generación, almacenamiento, hidrógeno y exploración de hidrocarburos.
Estos desafíos estarán en el centro del XXVI Congreso Nacional de Derecho Minero-Energético de la Universidad Externado de Colombia, que se realizará los días 5 y 6 de noviembre bajo el lema “Recuperación y reactivación del sector minero-energético 2026-2030”. El encuentro abordará el papel de las fuentes no convencionales de energía renovable, los biocombustibles y las nuevas tecnologías frente a las necesidades de abastecimiento y confiabilidad del país.
De cara a 2030, Colombia deberá articular la expansión renovable con soluciones de respaldo, diversificación de fuentes e infraestructura, en un entorno que ofrezca condiciones claras para la inversión. El objetivo será avanzar en la transición energética sin comprometer la continuidad del suministro, la competitividad empresarial ni el bienestar de los usuarios.
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