La Asociación Nacional de Industriales del Ladrillo y la Arcilla (ANILAD) manifiesta su preocupación por los cambios al Impuesto Nacional al Carbono incluidos en la ponencia para primer debate del proyecto de “Ley de Rescate”. Tal como está redactada, la propuesta golpea de forma directa a una industria que depende del carbón para cocer sus productos, que no tiene hoy alternativas energéticas viables a gran escala y que es la base de la vivienda de millones de colombianos.
ANILAD entiende que el país necesita recursos para cerrar su brecha fiscal y quiere ser parte de la solución. Pero el impuesto al carbono nació como un instrumento ambiental, no como una fuente de recaudo de corto plazo. Al duplicar prácticamente la tarifa por tonelada de CO2 equivalente, cambiar la destinación de lo recaudado y alterar la gradualidad que la ley había previsto, la propuesta pierde su sentido ambiental, genera inseguridad jurídica y, en el caso del ladrillo, termina premiando la informalidad en lugar de reducir emisiones.
Por qué el ladrillo es uno de los sectores más expuestos
La cocción de la arcilla exige temperaturas muy altas durante varias horas, y en Colombia el carbón térmico es el principal energético de los hornos ladrilleros, 80% de la producción utiliza carbón. A diferencia de otros combustibles, el carbón apenas empezó a pagar el impuesto: la reforma tributaria de 2022 le fijó una tarifa de 0% hasta 2024 y un aumento escalonado hasta llegar a la tarifa plena en 2028. Ese calendario se pensó justamente para dar tiempo a la reconversión. La Ley de Rescate lo rompe a mitad de camino y, además, sobre una tarifa plena mucho más alta.
El sector no puede trasladar su consumo a otro energético de la noche a la mañana:
El gas natural no es una opción disponible ni asequible para la mayoría de las plantas, muchas ubicadas en zonas periurbanas o rurales sin red, en un momento de oferta nacional estrecha.
La biomasa y los combustibles alternos requieren reglas claras de habilitación, permisos ambientales y cadenas de suministro que hoy no existen a escala.
La reconversión de hornos hacia tecnologías más eficientes exige inversiones que muchos productores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, no pueden financiar, si al mismo tiempo se les duplica el costo del combustible.
Sin estas herramientas, el impuesto no cambia la forma de producir: solo encarece el ladrillo.
El efecto contrario al buscado: castigar lo formal y premiar lo informal
El impuesto se cobra en la venta del carbón. Las ladrilleras formales, que compran carbón facturado, lo pagarán desde la primera tonelada. Los hornos informales y artesanales, que compran combustible por fuera de los canales formales, en buena medida no lo harán. El resultado es una distorsión grave dentro del propio país:
La producción se desplaza de las plantas formales, que han invertido en eficiencia y control de emisiones, hacia hornos informales menos eficientes y más contaminantes.
Las emisiones por ladrillo producido aumentan en lugar de disminuir, y el Estado recauda menos de lo esperado.
Se pierde empleo formal, seguridad social y control ambiental en las regiones ladrilleras.
Es una forma de “fuga de carbono” hacia la informalidad, que se suma a la ya conocida fuga hacia las importaciones y hacia otros sistemas constructivos con componentes importados que no asumen las mismas cargas.
Un sobrecosto que pagan la vivienda y las regiones
El ladrillo es el material con el que se construye buena parte de la vivienda de interés social y prioritario del país. Todo sobrecosto en su producción se traslada al precio de la vivienda, a los programas habitacionales del Gobierno y, al final, a los hogares de menores ingresos.
La industria ladrillera es además una gran generadora de empleo en municipios de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca y otras regiones, alrededor de 200 empresas formales, que generan cerca de 20.000 empleos directos. Debilitar a las empresas formales afecta directamente esas economías locales.
Un sector que ya está haciendo la tarea
La industria ladrillera comparte el propósito de descarbonizar la economía. El sector viene trabajando en la identificación de tecnologías para su transformación productiva con enfoque en carbono neutralidad, de la mano de Colombia Productiva, y sus empresas han avanzado en eficiencia energética, mejores hornos y control de emisiones.
También conviene recordar las ventajas del ladrillo a lo largo de su vida útil: es un material local, elaborado con materia prima nacional, muy durable, con baja necesidad de mantenimiento y con buen comportamiento térmico. Un impuesto que solo mira el combustible y no el ciclo de vida del material castiga una solución constructiva que es eficiente a largo plazo. Como dice nuestro sector: el ladrillo no es lo tradicional, es lo inteligente.
Lo que propone ANILAD
Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que el impuesto al carbono vuelva a ser un instrumento de transición y no solo de recaudo. En concreto proponemos:
1. Respetar la gradualidad prevista para el carbón hasta 2028, sin aumentos adicionales de la tarifa plena mientras no existan alternativas energéticas viables para el sector.
2. Mantener la destinación ambiental del recaudo y crear una línea específica para financiar la reconversión tecnológica de hornos ladrilleros, con prioridad para pequeñas y medianas empresas.
3. Reconocer a las industrias intensivas en energía, entre ellas la industria ladrillera, con mecanismos como referencias de eficiencia por tonelada de producto, asignaciones o umbrales libres de pago, como se hace en otros países.
4. Habilitar el uso de combustibles alternos y biomasa y facilitar el acceso a otros energéticos donde sea técnicamente posible.
5. Combatir la informalidad en la comercialización de carbón y en la producción de ladrillo, para que el impuesto no termine pagándolo solo quien cumple la ley.
6. Instalar una mesa técnica con los ministerios de Hacienda, Ambiente, Comercio y Vivienda para diseñar una hoja de ruta realista para el sector.
Anexo técnico: cómo tratan otros países a la industria del ladrillo
1. El ladrillo está reconocido internacionalmente como sector en riesgo de fuga de carbono. La Unión Europea, en su lista oficial de sectores expuestos a fuga de carbono para el periodo 2021-2030 (Decisión Delegada (UE) 2019/708), incluye expresamente la fabricación de ladrillos, tejas y productos de construcción de arcilla cocida (código NACE 23.32). Esto le da acceso a asignaciones gratuitas de emisiones para que el precio al carbono no destruya la producción local.
2. Los pequeños emisores reciben un tratamiento especial. El sistema europeo permite excluir del régimen general a las instalaciones pequeñas, siempre que apliquen medidas equivalentes de reducción. Muchas plantas ladrilleras se encuentran en esa categoría.
3. Colombia grava desde la primera tonelada. Mientras en las jurisdicciones con precios más altos al carbono la industria cuenta con asignaciones gratuitas, referencias de eficiencia o umbrales, el impuesto colombiano grava el combustible sin ningún reconocimiento. Duplicar su tarifa convertiría a Colombia en uno de los países donde producir ladrillo con responsabilidad ambiental es más costoso.
4. La transición necesita herramientas, no solo cargas. Los países que han avanzado en descarbonizar sus industrias de materiales lo han logrado combinando el precio al carbono con financiación, habilitación de combustibles alternos y protección frente a la competencia desleal.










