La Cámara Colombiana de la Infraestructura se refirió a la acción que tomó la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, luego que la Cámara denunciara irregularidades en materia de contratación en tres licitaciones por más de 300 mil millones de pesos.
La Procuraduría, solicitó revocar en menos de 15 días y de manera inmediata, dos millonarias licitaciones en los departamentos de Córdoba y Sucre. La primera tiene que ver con en el proceso licitatorio orientado a contratar el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro – Chimá y Tuchín (Córdoba) por $102.000 millones.
La segunda, la licitación pública cuyo objeto es el mejoramiento del pavimento asfáltico de la vía Las Tablitas-San Marcos, a lo largo de los municipios de El Roble, Caminito y San Marcos, Sucre. Se trata de una obra que, según lo establecido en el proceso licitatorio, demandaría recursos por $150.000 millones.
En los dos casos aparecen inconsistencias en los factores de evaluación de calidad, en la asignación de puntajes y en el establecimiento de requisitos habilitantes. Todo ello, a juicio del órgano de control, vulnera el principio de selección objetiva y los fines de la contratación estatal.
La Procuraduría además, advirtió, el pasado 29 de febrero, sobre aparentes actos de ilegalidad en la licitación que tiene por objeto la construcción del puente sobre el río Ariari, en la vía que comunica a los municipios de Castillo y San Luis de Cubarral, así como el mejoramiento de la vía que conduce desde el cruce de la vía nacional hasta el acceso del puente La Amistad en el municipio de Cubarral, Meta. El proceso, asciende a los $66.000 millones.
Por esta razón, solicitó a la Agencia de Infraestructura del Meta que considere la alternativa de revocar el acto de apertura de la licitación pública por cuenta de significativas inconsistencias. Entre ellas, exigir indicadores financieros que limitarían la pluralidad de oferentes y establecer procedimientos para la entrega y evaluación de las propuestas que pueden transgredir el ordenamiento jurídico.
La Cámara de la Infraestructura no descarta presuntos intereses políticos, ligados incluso a la financiación de campañas en dichas regiones, detrás de tales procesos.
